Discurso de apertura del Presidente de Abogados por la Justicia y la Concordia Dr. Alberto Solanet

Este encuentro entre amigos de naciones hermanas, al que por llevarse a cabo en esta ciudad, hemos denominado Foro de Buenos Aires para la Justicia, la Concordia y la Libertad, tiene por objeto discurrir acerca de problemas que, con matices, nos aquejan en común y revisten extrema gravedad.

 

Con ello materializamos un proyecto que surgió de distintos encuentros mantenidos con amigos de los países de la región. Así el año pasado en Montevideo con los representantes de “Libertad y Concordia” del Uruguay; antes, en marzo de 2012, en Lima, con el “Foro por la Justicia y Concordia Nacional”; y otros encuentros con amigos de Chile y Colombia en esta ciudad, con integrantes de la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UNOAMERICA) en 2009, cuyo presidente, Ing. Alejandro Peña Esclusa, sufrió más de un año de cárcel, acusado injustamente por el régimen chavista de Venezuela, como represalia por varias denuncias que esta organización realizara oportunamente contra los responsables del Socialismo del Siglo XXI en el continente.

 

Pues bien, hoy nos honramos en ser los anfitriones de tan calificados visitantes

 

Nos congregamos con el convencimiento de que debemos alcanzar una mutua cooperación para poder lograr nuestros fines con mayor eficacia. Una cooperación que no sea circunstancial sino estable; una cooperación institucionalizada. Hemos asumido un compromiso al servicio del bien  común de nuestras patrias.

 

Los pueblos hispanoamericanos participamos de una misma tradición cultural, adherimos a una común escala de valores, hechura de la hispanidad, molde que la revolución cultural dominante en el mundo tiene en mira destruir definitivamente, cortando de cuajo cualquier herencia de ese origen. Como símbolo de este descastado proyecto, para que no queden dudas y sin temor a lo grotesco, en esta ciudad, por expresa decisión presidencial, se acaba de desguazar el monumento a Cristóbal Colón.

 

La revolución cultural es mundial viene de lejos y, en la Argentina, cobró un formidable impulso en los últimos diez años, en el marco de la más refinada estrategia gramsciana. Sus ideólogos tuvieron en el kirchnerismo diestros ejecutores. Decía Gramsci: “Habrá que meter pie en el aparato del Estado, en los medios de expresión de la opinión pública, en las universidades, en los colegios, en las parroquias, a través de las instituciones. La revolución habrá de ser preparada con cálculo  de alquimista, desmontando pieza por pieza la sociedad civil, infiltrándose en sus mecanismos, para cambiar la mentalidad de la mayoría.[….]Hay que conseguir corroer y destruir la cosmovisión preexistente, es una lucha intelectual que apunta a la eliminación de los principios fundamentales que constituyen la estructura mental de la sociedad, lograr el desprestigio de la clase hegemónica, de la Iglesia, de las fuerzas armadas, etc.…”.

 

En la Argentina, sin pegar un solo tiro, se ha consumado la revolución más profunda y destructiva de la historia. La institución de la familia, fundada en el matrimonio indisoluble de varón y mujer, basamento indispensable de una sociedad ordenada, que venía sufriendo una persistente erosión desde hace años, ha recibido el más certero golpe con la sanción del matrimonio homosexual.

 

La promoción del aborto y una serie de normas  contranatura, que han entrado en vigencia de distintos modos, quedarán plasmadas en el nuevo Código Civil que impulsan el gobierno y el Presidente de la Corte Suprema.

 

Todo ello sucede con el  apoyo explícito o tácito de casi toda la dirigencia política y, lamentablemente, con la indiferencia de gran parte de la ciudadanía, lo que facilita su arraigo en las mismas entrañas de la sociedad, lo cual resulta uno de los mayores logros de los ideólogos de la revolución.

 

Pero este ataque mortífero al centro neurálgico de la sociedad no viene solo. En todos los órdenes se advierte lo mismo.

 

En los programas de educación, acordes con estos desvíos, instrumentos eficaces de corrupción de nuestra niñez y juventud, donde se incentiva la indisciplina, se tergiversa la historia y se imponen aquellos “modelos de familia” contrarios al orden natural y a la ley de Dios.

 

En los medios masivos de comunicación, impulsores de modas y comportamientos chabacanos y desordenados, a los que ya nada ni nadie parece resistir.

 

En la creciente circulación de la droga, a la que ahora se busca incentivar a través de la despenalización del consumo.

 

En el quebrantamiento permanente del principio de autoridad en las familias, en los colegios, en las instituciones, en la calle.

 

En el enfrentamiento contra la Iglesia Católica, cuya influencia y ascendiente en la sociedad se intentan reducir a la mínima expresión, empujándola a recluirse en el secreto de sus templos y a desertar de su misión providencial de formar a los hombres para la construcción de una sociedad justa, aunque hoy se intente disimular por efecto del Papa Francisco.

 

Especialmente – y esto será materia central de estas jornadas – hacemos referencia a la planificada y sistemática destrucción de las Fuerzas Armadas, reducidas a la impotencia tanto en lo material como en lo espiritual.

 

La Justicia, sometida a un manipuleo ideológico y gravemente degradada por los avances de la corrupción política, solo es eficiente para acosar a quienes son fulminados como enemigos del poder y ha sido puesta al servicio de la persecución y la venganza contra quienes intervinieron en defensa del Estado contra la agresión de la guerrilla marxista en la guerra de los setenta.

 

Todo esto, señores, sabemos que no es casual. Responde a un plan sistemático de demolición del orden familiar, político, jurídico, cultural y económico de nuestra sociedad, impulsado con prisa y sin pausa, al mejor estilo gramsciano. En definitiva, lo que el enemigo intentó imponer por las armas en los años ‘70, aquí y en la región lo ejecuta hoy – como digo – sin pegar un solo tiro, sino infiltrándolo todo, especialmente la justicia, uno de los pilares esenciales de la República, en medio de una sociedad trivial y adormecida.

 

Sujeto al estrecho margen de esta presentación, me limitaré a reseñar en breve síntesis histórica la quiebra del orden jurídico en la Argentina.

 

Las bandas terroristas que asolaron a la República durante las décadas del ‘60 y el ‘70 tenían como objetivo, reiterada y públicamente declarado, tomar el poder por la violencia, para luego implantar un sistema  marxista-leninista como el instalado en Cuba, cuyo gobierno brindó apoyo, asilo, entrenamiento y medios a los subversivos que tomaron las armas contra la Nación para lograr aquel empeño.

 

En su accionar no trepidaron en asesinar, robar, secuestrar, extorsionar y cometer toda clase de atentados violentos, no sólo contra los integrantes de las FFAA y FFSS y sus guarniciones, sino también contra civiles inocentes, políticos, empresarios y sindicalistas.

 

El conflicto se acentuó en la década del ‘70 y, lamentablemente, al restablecerse en 1973 el régimen constitucional, las tres  primeras medidas del flamante Congreso y del Poder Ejecutivo fueron disolver la Cámara Federal en lo Penal con competencia para juzgar a los imputados de hechos terroristas, derogar la legislación penal que sancionaba tales conductas, y liberar indiscriminadamente a todos los imputados, procesados y legítimamente condenados por actos terroristas. Presos que habían sido juzgados con todas las garantías del debido proceso, que inmediatamente retomaron sus actividades criminales.

 

La referida Cámara Federal creada en mayo de 1971, integrada por jueces de reconocida solvencia jurídica y moral, había tratado los delitos cometidos por los grupos terroristas en el marco de la ley y del debido proceso. A partir de su creación tuvo una intensa actividad en correspondencia con la profusa acción de los grupos subversivos. Antes de su desmantelamiento había dictado más de dos mil condenas y encarcelamientos.

 

No puedo eludir el homenaje a quienes con inmenso coraje, probada equidad y compromiso con la justicia, se desempeñaron en ese Tribunal. Uno de ellos, el Dr. Quiroga, fue asesinado por los terroristas; otro, el Dr. Jaime Smart, hoy está preso en cárcel común, condenado a cadena perpetua. De tal manera fueron pagados sus servicios a la patria.

 

La dirigencia  política de entonces, cuyos componentes viven casi todos,  no ha reconocido aún debidamente su responsabilidad en aquellas aberrantes decisiones, votadas por aclamación en el Congreso, particularmente la destrucción del instrumento judicial y la amnistía indiscriminada que dispuso la liberación de todos los terroristas encarcelados, lo que resultó causa eficiente del baño de sangre que asoló a la república.

 

Los grupos subversivos retomaron las armas contra el gobierno constitucional y la escalada de sangre y fuego marcó una época de violencia que ha dejado heridas que aún no han cicatrizado.  Hoy puede afirmarse que aquel acto aberrante de indiscriminada amnistía y el desmantelamiento de la Cámara Federal, fueron determinantes del camino sangriento con que continuó el accionar subversivo. Como que también influyeron, como un antecedente frustrante, en la elección de los métodos ilegales para reprimir el terrorismo, cuando éste desbordó a las fuerzas del orden y la capacidad del poder judicial.

 

La guerra adquirió una intensidad sin precedentes. Diariamente ocurrían los más espantosos homicidios, secuestros, usurpaciones, asaltos a guarniciones militares y otros gravísimos delitos. Un verdadero baño de sangre. A partir de decretos dictados por  Isabel Perón e Italo Luder, ante una situación caótica que desbordaba a las instituciones policiales, en 1975 se ordenó a las Fuerzas Armadas que aniquilaran el accionar terrorista. La guerra prosiguió con su secuela de excesos, hasta que finalmente la embestida guerrillera quedó bajo control, con muy aislados brotes de violencia.

 

Al asumir las autoridades constitucionales el 10 de diciembre de 1983, resolvieron enjuiciar a los Comandantes, sustanciándose un proceso ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Simultáneamente dispusieron denunciar a los dirigentes de la guerrilla en actuaciones que tuvieron limitada proyección. En cambio los tribunales federales, después de abocarse al conocimiento de los procesos castrenses, avanzaron hacia toda la línea de mando de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales, sin excluir a quienes ostentaban las jerarquías más modestas como oficiales o suboficiales, vulnerando la garantía del juez natural.

 

Aquí comenzó la ruptura entre la política y la ley. El gobierno presidido por el Dr. Alfonsín resolvió juzgar a los Comandantes dentro del procedimiento común, dejando de lado la jurisdicción de la justicia militar.

 

A partir de 1987 se produjeron levantamientos militares que finalmente fueron superados a través de las leyes llamadas de Punto Final y Obediencia Debida. También los imputados de hechos subversivos fueron incluidos por el Congreso entre los beneficiados con la extinción de las acciones penales. En definitiva una pacificadora amnistía. Finalmente, en 1989 y 1990, se dictaron amplios decretos de indulto para todos los que participaron en la guerra. Luego de veinte años de desencuentros feroces, parecía que se había superado el conflicto.

 

Impulsada por resentimientos y motivaciones ideológicas y de conveniencia política, la confrontación  resurgió con el auspicio del presidente Kirchner y se forjó una visión asimétrica y unilateral del último medio siglo, según la cual los militares e integrantes de las fuerzas de seguridad fueron  considerados malvados asesinos que persiguieron a jóvenes idealistas que sólo querían procurar el bien de las clases mas humildes.

 

Sobre esta mentira, un humilde conscripto, sobreviviente del ataque montonero al Regimiento de Monte 29 de Formosa, dijo que “los jóvenes idealistas no vinieron hacia nosotros con libros para enseñarnos nada, sino con balas para matarnos”.

 

Se ha predicado a tiempo y a destiempo el odio y el resentimiento contra un solo sector  de la contienda, como si la guerra se hubiera desatado sin que nadie la hubiere provocado. Se fue acentuando el hostigamiento contra militares y miembros de las fuerzas de seguridad, cuyo objetivo es privarlos de su libertad a cualquier precio. Falsa visión de los hechos que se impuso como verdad incontrovertible en el desarrollo de los múltiples procesos judiciales, y que ha hecho olvidar que el exterminio del terrorismo había sido ordenado por el propio gobierno constitucional del general Perón,  con el asentimiento de todo el espectro político de ese entonces y clamado por la inmensa mayoría de los argentinos.

 

Una condición esencial es superar esa distorsionada mirada hacia el pasado, teñida de una interpretación sesgada, asimétrica y vengativa. Esto no se logrará pretendiendo reconstruir la historia según el color de un dogmatismo faccioso del presente, que interpreta los hechos según su particular ideología e intereses. Menos aún podrá cultivarse la paz interior si esta historia hemipléjica y plagada de odios, se introduce en las aulas escolares, en las universidades, en el cine, en los medios masivos de comunicación, hasta el hartazgo.

 

El impulso y  presiones del poder político kirchnerista sobre el Congreso y la Justicia han llevado a que esta última actúe por encima de los principios que deben regirla y que nunca debieron abandonarse. La anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final rompió con el principio de que las leyes no se anulan sino que se derogan o se modifican. A partir de allí y con la anuencia de la Corte Suprema, quedaron arrasados, entre otros, los principios de legalidad, de irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada y aplicación de la ley penal más benigna.

A estos jueces prevaricadores debemos recordarles que “peor que sufrir una injusticia, es cometerla”. Nunca se debe abandonar el derecho, ni siquiera para perseguir a quienes podrían haberlo vulnerado.

Debo destacar en homenaje a la verdad que la recientemente fallecida Dra. Argibay votó en disidencia, sosteniendo que “la cosa juzgada es la garantía de las personas de no ser procesadas dos veces por el mismo delito, y este principio tiene preeminencia porque es el fundamento de la existencia misma del Poder judicial”.

De esta forma cientos de militares con destacados servicios y carreras impecables,  luego de haber permanecido sin objeciones en sus respectivas fuerzas, ascendidos a jerarquías superiores en plena democracia, algunos de ellos condecorados por el Congreso como héroes en la guerra de las Malvinas, comenzaron a ser imputados por los jueces por hechos ocurridos treinta años atrás, detenidos y sometidos a un largo encarcelamiento sin pena ni juicio, o a juicios absolutamente ilegales.

 

El mismo Estado que durante un gobierno constitucional les había encomendado aniquilar las fuerzas irregulares que sumieron al país en la violencia de una guerra revolucionaria, ahora los mandaba a la cárcel. El mismo Estado que había sancionado tres amnistías consecutivas. El mismo Estado que había revisado prolijamente sus casos y luego los había mantenido en actividad durante más de quince años sin cuestionamiento alguno. Ese mismo Estado modificó radicalmente su postura e instaló una persecución implacable e ilegal.

 

Ese mismo Estado ha encarcelado a más de 1.800 miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, mientras esos mismos tribunales no han siquiera molestado a los terroristas que esas fuerzas combatieron. Se trata entonces de presos políticos, entre los que debemos contabilizar, hasta ahora, más de 260 muertos en cautiverio. Digo hasta ahora, por cuanto el propósito de los ideólogos que hoy rodean el poder es materializar el odio y la venganza con la muerte de todos.

La Constitución Nacional asegura derechos y garantías a todos los habitantes de este suelo; sin embargo, para el gobierno, para la Corte Suprema y para los jueces que les son funcionales, hay un sector de argentinos que no están alcanzados por esa protección, ya que, como los esclavos de antaño, han sido señalados con la marca de “lesa humanidad”, originando una brutal discriminación.

A todos ellos se les aplica un régimen legal procesal y de fondo diferente que al resto de los ciudadanos de la República. Sólo ellos están encerrados en cárceles comunes superando más de 70, 80 y hasta 90 años de edad. Sólo a ellos se les niegan las excarcelaciones, las libertades condicionales, las salidas transitorias, las detenciones domiciliarias y otros beneficios establecidos por las leyes que rigen y se aplican al resto de los imputados de delitos en la República Argentina. Hay muchísimos internos que padecen de cáncer y otras graves enfermedades y en las cárceles no tienen la menor posibilidad de ser atendidos adecuadamente. Últimamente hasta se les ha prohibido tratarse en los hospitales de las Fuerzas Armadas, donde están cubiertos por sus obras sociales.

Lo actuado por estos jueces prevaricadores resulta contrario a nuestra tradición jurídica y cultural, a la Constitución y a los tratados internacionales, y acredita un perverso criterio discriminatorio.

Estamos viviendo lo que le sucede a una nación cuando tolera y consiente que sus jueces se sometan al poder de turno: instituciones ausentes, criminalidad sin freno, inseguridad generalizada, leyes aberrantes, vicios transformados en virtudes, desorden extremo, ruina económica, discordia y odio crecientes.

El gobierno sostiene una falsa política de los derechos humanos, por cuanto carece de la nota esencial de universalidad, ya que es parcial y sesgada.

 

El Presidente de la Corte Suprema, Dr. Lorenzetti, no deja de repetir que esta llamada “política de Derechos Humanos” es “política de estado” que se cumplirá inexorablemente, y enfatizó, sin el menor pudor, que “no puede haber ley ni perdón para aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad”. Con lo cual, además de cometer un gigantesco prevaricato, está exhortando a continuar con la persecución y la venganza, instigando así el odio y la violencia entre los argentinos. Esta falsa política de derechos humanos ha sustituido la vigencia del Derecho.

 

El desprecio por los grandes principios del derecho y el abandono de la legalidad significan la destrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debiera consentirlo y ningún hombre de derecho dejar de denunciarlo.

 

En estos tiempos de turbulencia política y social, es necesario recuperar el cumplimiento de los principios de la Justicia y poner el acento en la reconciliación, como premisa indispensable para la reconstrucción de la República.

 

La conocida periodista Mary O’Grady, en una reciente nota publicada en The Wall Street Journal,  ha señalado que “Kirchner no busca justicia. Quiere venganza por las pérdidas que los militares le causaron a la izquierda, con la que simpatiza”; y agrega: “los argentinos y la comunidad internacional han guardado silencio en gran medida ante esta parodia de justicia, presumiblemente por lo impopular que fue el gobierno militar. Probablemente lo lamentarán.” Concluye con un aciago augurio: “Los argentinos saben sin dudas que no todo está bien en su sistema de justicia penal. Quizás sean menos conscientes de lo que esto significa para el futuro de la república”.

 

Indudablemente en nuestro país, donde se ha hecho tabla rasa con el principio de legalidad, estamos todos en libertad condicional.

 

Hace poco más de un mes el diario La Nación recogió las reflexiones del filósofo francés Philippe Joseph Salazar, quien como observador de un juicio a ex policías en Mendoza, desde su experiencia en el caso sudafricano, ante la celebración del fallo condenatorio señaló: “esto nunca va a terminar…la sangre llama a la sangre y los hijos de los que son condenados algún día van a pedir venganza”.

 

Somos conscientes  de que hemos enfrentado una lucha desigual, pero nada debe intimidarnos.

 

Nos hemos reunido aquí para denunciar estos males que aquejan a nuestras patrias, pero fundamentalmente, para unirnos en la búsqueda de la concordia como amistad política, bien común irrenunciable de una sociedad política, ya que sostiene la convivencia, el existir con otros en que se asienta el mismo ser de las personas.

 

El gobierno estigmatiza a quienes disienten con sus políticas con el calificativo de “destituyente”; nosotros recordemos que la concordia es constituyente por excelencia. La concordia, entonces, debe ser nuestro ”pacto constituyente”.

 

El doble estándar jurídico hasta hoy impuesto destruye la concordia y torna inacabable la guerra intestina. Urge restablecer la reconciliación y el orden jurídico, cuya vigencia es indispensable para asegurar la paz, entendida como la “tranquilidad en el orden”, según la definía San Agustín.

 

Invocamos a  Dios, fuente de toda razón y justicia, y comprometemos nuestro  esfuerzo en el cumplimiento de los  objetivos del Foro de Buenos Aires por la Justicia la Concordia y la Libertad.

 

Muchas gracias.

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