Conferencia del Dr. Ricardo Saint Jean

Soy hijo de un hombre, militar y abogado, que ocupó un cargo político durante el gobierno del Gral. Videla.  Lo nombro no para destacarlo en particular por encima de cualquier otro, sino porque es uno de los tantos casos que ilustran el grado de crueldad y ensañamiento con el que se nos trata en nombre de los derechos humanos.

Sin haber tenido jamás una causa penal, a los 85  años, fue detenido en esta clase de procesos llamados de lesa humanidad (que yo llamo de lesa comodidad). Por su edad y estado de salud le dieron detención domiciliaria.  A los 89, con Alzheimer, cardíaco y en silla de ruedas, con siete informes médicos forenses oficiales declarándolo incapaz para asistir a juicio, fue llevado, esposado, al escenario de un teatro donde se desarrollan los juicios orales de estos casos, mientras parte del público nos insultaba.  Y a los 90 años, ya con diez informes médicos oficiales declarándolo incapaz, los Jueces le revocaron la detención domiciliaria enviándolo a la cárcel de Ezeiza.  Los médicos del hospital penitenciario se negaron a recibirlo por su estado, pero los Jueces insistieron en mantenerlo allí. A los cinco días sufrió una descompensación cardíaca. Terminó de madrugada en el Hospital Militar, donde días después concurrieron los jueces a tomarle una ampliación de la declaración indagatoria.  Mi padre murió allí, preso, tan sólo diez días más tarde.

Vamos ahora a lo teórico.

Luego de la segunda guerra mundial, el enfrentamiento entre la Unión Soviética y el denominado “mundo libre”, llevó a ambos bloques a una carrera armamentista nuclear que actuaba como mecanismo de persuasión.  Una vez que comprendieron que un eventual combate con semejante arsenal destruiría irremediablemente sus territorios, decidieron trasladar la disputa hacia regiones desnuclearizadas. El sudeste asiático, principalmente Corea y Vietnam, el África septentrional y la América Latina, fueron entonces, en las décadas del ‘60 y el ‘70, los campos de batalla donde se desataron los combates.

Así lo explican personas de tan disímil pensamiento como el General Heriberto Auel, el ex Canciller Dante Caputo o la ex diputada Graciela Fernandez Meijide.

Es precisamente el General Auel quien nos enseña que la guerra no es un fenómeno jurídico, ni ético, ni económico, ni siquiera enteramente militar. Los militares protagonizan el combate, que es la cara visible, el síntoma de la guerra, la cual consiste en un conflicto siempre anterior.  El combate es como la erupción en la piel, producto de un mal escondido, siempre precedente.  La guerra se trata de un fenómeno socio-político,  que nace en ese ámbito y sólo desde él y en él, puede y debe llegar a su fin.

La dirigencia política de los 2000, descalificando los instrumentos de pacificación dictados por sus antecesores en los ‘80, ha implementado una política de “derechos humanos” consistente en trasladarle exclusivamente al Poder Judicial el drama del combate sostenido en la República en los ‘70.

Esto ha sido un acto de irresponsabilidad, de renuncia a los instrumentos de la Política y a los fines de la misma. Porque el Poder Judicial es incapaz, sin traicionar su función y naturaleza, de abordar idóneamente un conflicto como el que vivió el continente en los ‘70.

Como ustedes saben los ciudadanos de un país renunciamos a la fuerza que tenemos y a la violencia que podemos ejercer, y se la entregamos en el marco de un gran acuerdo social al Estado, para que sea éste quien la monopolice.  En tiempos de guerra, esa violencia es administrada por las FFAA bajo la dirección de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero en tiempos de tranquilidad, es el Poder Judicial quien principalmente la ejerce.  Dentro de él, quienes se encargan de administrar el costado más brutal de esa violencia, son los Jueces Penales. Se trata de aquellos que pueden encerrarnos en una cárcel de por vida y, en nuestros países, en instituciones que ponen en muchos casos en peligro la salud de los propios internos.

Uno de los dramas modernos que sufrimos es que llamamos “Justicia” al Poder Judicial.  Al Poder Legislativo no se le llama “La ley” o al Ejecutivo “La prudencia”. 

“Justicia” es una virtud y un valor muy caros a la humanidad, mientras que la organización judicial y las leyes, el Poder Judicial, se trata del instrumento creado por el hombre para solucionar situaciones de conflicto, intentando acercarse a aquella virtud, pero sólo a través del cumplimiento de procedimientos y normas predeterminadas.

Es más, el cumplimiento de esas normas y procedimientos, puede inclusive no conducirnos a la “Justicia” en un caso particular. Frecuentemente nos enteramos de que un narcotraficante quedó en libertad por un error de las autoridades en un allanamiento o una escucha telefónica realizada sin los recaudos que exigen las normas. La generación de impunidad para el culpable de un delito no pareciera siquiera acercarse al valor “Justicia”. Pero los hombres hemos acordado llegar a ella sólo a través de la ley, y la ley ha preferido pagar el costo de una impunidad por error, que poner en riesgo a todos los ciudadanos inocentes de una Nación, permitiendo que los administradores de la violencia las desobedezcan, haciendo lo que se les ocurra con el poder que les hemos dado.

La evolución moderna del Derecho, coloca a los Jueces Penales como la última ratio, el último recurso a ser utilizado, cuando ya se han agotado todos los otros mecanismos que la política y las leyes nos ofrecen para solucionar un conflicto. 

Se dice que la Justicia que llega tarde no es Justicia. Entendámoslo bien: el Poder Judicial, por su propia naturaleza, siempre llega tarde. La tarea de un Juez es una reconstrucción histórica, el pegado de un jarrón que ya se ha roto. Está tan distorsionada la función y responsabilidades del Poder Judicial (y tan devaluada la Política) que cuando ocurre un crimen nuestra gente clama insistentemente por “Justicia”. Nosotros no necesitamos Justicia, necesitamos “Seguridad”, la prevención, que es la función de la Política, que debe evitar que se produzcan los hechos que hacen intervenir, siempre tardíamente, a la Justicia.

El Poder Judicial es incapaz de dar adecuada solución a fenómenos masivos que tienen su génesis en conflictos socio-políticos, como lo es una guerra, salvo que se quiera juzgar exclusivamente a las cúpulas que las protagonizaron. Resulta incapaz en casos de ruptura del contrato social como hemos visto cuando se produce un estallido social, se generalizan en todo un territorio los saqueos multitudinarios a comercios o estalla un conflicto armado como el que vivimos.

La judicialización de todos los problemas es una tendencia internacional.  Y la de la política desemboca irremediablemente en la politización de la Justicia.

Veamos si no sus resultados en la Argentina, a diez años de la reapertura de estos juicios: se ha sometido a proceso a más de 1.700 personas, militares de las tres FFAA, de Prefectura, Gendarmería Nacional, Policías Federales y de cada una de las Provincias, lo que significa el juzgamiento de menos del 3% de los elementos empleados por las autoridades constitucionales y de facto de la Nación, para combatir el fenómeno guerrillero de los años ‘70.  ¿Dónde está la equidad? El promedio de edad de los detenidos es de 72,4 años, pero hay muchos de más de 80 y hasta 90 años. El 95% lo constituyen quienes hace más de treinta años eran jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas. El 98% de los presos no registra antecedentes penales en toda su vida. El 20% de los detenidos son suboficiales, civiles y ex conscriptos, tanto de las Fuerzas Armadas como de Seguridad. El 64% no tiene aún condena. El 60% del presupuesto de la Justicia Federal -la misma que debe combatir el narcotráfico y la corrupción gubernamental- está destinado a la investigación y el castigo de estos delitos cometidos hace 40 años. Las agendas de los Tribunales Orales Federales del país están saturadas hace años y lo estarán por muchos más, con estos juicios. Todo ello mientras se devengan millonarias sumas en honorarios de abogados y futuras indemnizaciones que se sumarán a las cuantiosas ya abonadas por el Estado.

La consecuencia de la derogación de esa colosal barrera contra la tiranía que significa el principio de legalidad, ha permitido ahora la extensión de la persecución a los dueños de medios de prensa, civiles que participaron del gobierno en los ’70, empresarios, sindicalistas y hasta sacerdotes considerados enemigos del gobierno, acusados por conductas inciertas o inventadas ocurridas hace 40 años. Han detenido a ancianos presuntamente miembros de organizaciones que combatieron a la guerrilla antes del golpe militar, bajo gobiernos constitucionales, como también a Fiscales y Jueces que encarcelaron a sus integrantes. 

Hoy puede verse con toda nitidez que sólo están presos aquellos que combatieron a las organizaciones guerrilleras o que son considerados sus enemigos por algunos miembros del gobierno.

Semejante camino indica que no se los juzga por la forma en que combatieron el terrorismo. Se los juzga por haberlo combatido.

Paralelamente se demolieron, al comienzo sólo para ellos, la prescripción, la cosa juzgada, los derechos adquiridos por las amnistías y los indultos, y más tarde se les negaron las excarcelaciones, el principio de la ley más benigna, la educación en las prisiones, las salidas transitorias, la libertad condicional, la detención domiciliaria a mayores de 70 años.  Doscientos sesenta son los que han muerto en prisión, sin condena.

Ahora todos se escandalizan, y con razón, por lo que le ocurrió al Fiscal Campagnoli. Pero los primeros perseguidos fueron los jueces que quisieron aplicar la ley concediendo beneficios previstos en ella a estos acusados.  Becerra Ferrer en Córdoba, la Cámara Federal de Rosario, Alfredo Bisordi, Berraz de Vidal, Durañona y Vedia, Gustavo Hornos, García, Yacobuzzi y tantos otros, recibieron de parte de miembros del gobierno amenazas, descalificaciones, discriminación y pedidos de juicio político. Y los que no encarcelaban, sufrieron “escraches” en sus domicilios.

La Corte Suprema, enrolada expresamente según su Presidente en esta “política de Estado”, ha cerrado la posibilidad del juzgamiento de los guerrilleros.

Nacimos como Nación suprimiendo toda prerrogativa de sangre o de nacimiento, no reconociendo fueros personales ni títulos de nobleza. Por obra de estos juicios, ya no somos todos iguales. La discriminación legal de un solo habitante de nuestro suelo, es una vergüenza tan grande para nosotros como sociedad, como la tolerancia a la persecución racial o religiosa.

Somos los judíos de la Alemania nazi, los actuales cristianos de Irak, los esclavos del socialismo del siglo XXI, los parias de la democracia.

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Lo que sigue a continuación es una opinión personal, y no necesariamente de las organizaciones a las cuales pertenezco.

El que crea que existe la victoria en un enfrentamiento interno, se equivoca. Se lo digo a quienes creyeron haberla logrado luego del triunfo en el combate allá por el año ‘79, y se lo digo a los enemigos de hoy que creen que están ganando la guerra.

Quedan sólo víctimas.  Somos todos –en mayor o menor grado- perdedores.

La Unión Soviética, manteniendo detenido en Siberia a Solyenitzin, no tenía idea de que estaba gestando a uno de sus más formidables oponentes.

Y yo les digo por mi experiencia personal, que estoy viendo, dentro y fuera de las cárceles, el concreto ejercicio de virtudes heroicas por parte de cada vez más presos políticos, familiares y allegados.

En las cárceles argentinas se están formando los futuros Solyenitzin, los Nguyen Van Thuan,  los Mindszenty, que habrán de salvar otra vez a la Patria de caer en los abismos.

Habiéndonos colocado entre la espada y la pared, no han hecho más que obligarnos a vivir de acuerdo a nuestros ideales.

Muchos murieron por sus ideales.  A nosotros nos toca la empresa, quizás más difícil, de atrevernos a vivir con ellos.

Permaneciendo en la Fe entramos en las Bienaventuranzas.

Permaneciendo en la Fe somos como el acero de Toledo: más veces nos pasan por la fragua, más resistentes nos hacen.

Es muy diferente tener un padre o un esposo preso, que tener un padre o un esposo desaparecido. La virtud, el valor Justicia, exige una dosis de equidad, que no existe entre nosotros.

Por eso no pido Justicia, sino legalidad. Porque los hombres nos hemos comprometido llegar a aquella sólo a través de la ley.

Si la Junta Militar abandonó la legalidad para alcanzar una victoria más rápida sobre la guerrilla, con la menor cantidad de bajas propias o víctimas, abandonar la legalidad en democracia, para alcanzar lo que algunos creen que es “Justicia”, es el trastorno, el suicidio mismo del sistema.

Para alcanzar la paz no hay que desentenderse de la guerra.  ¡Hay que adentrarse, ocuparse de ella, para que nunca llegue!

Las soluciones legales están al alcance de la mano. Necesitamos dos Jueces que apliquen el Derecho. Un bloque de Diputados. O una Presidente convencida de que hay que lograr la pacificación.

Pero es en el ámbito socio-político, inevitablemente, donde deberemos buscar el fin de esta guerra.

Hemos vivido un cataclismo. Se han caído nuestras torres gemelas, y mientras estamos buscando cadáveres y atendiendo heridos, con los bomberos sobrevivientes todavía aturdidos, lo último que necesitamos es un Juez que venga a averiguar si una brigada llegó tarde o por qué estaba allí tal otra.

El tiempo nos ha mostrado que no hay vencedores, sólo víctimas.

La mirada más idónea y adecuada para abordar el fenómeno de la guerra interna es la de la compasión. 

Necesitamos estructuras compasivas. Confesores laicos y despolitizados, capaces de escuchar atrocidades, en secreto, sin tener que denunciarlas conforme los rígidos deberes que se les imponen a los funcionarios públicos.  Una Comisión que actúe en silencio, acercando posiciones, cicatrizando heridas.

En estas estructuras, en estos puentes que deben ser construidos, es indispensable la presencia de la Iglesia.  El silencio de nuestra Madre Iglesia aturde.

Los obispos hablan de alcanzar la reconciliación, “pero con Justicia”.  Si se están refiriendo por “Justicia” a lo que está haciendo el Poder Judicial en estos casos, entonces nunca habremos de alcanzar la reconciliación.

Nosotros nos dormimos como sociedad, cuando creímos que la paz había sido alcanzada porque se sancionaron dos leyes de amnistía.

No trabajamos cuando debíamos por la paz. 

¿Cómo es que dejamos solos a los padres que criaron a chicos de personas muertas o desaparecidas? En un momento llegaron a estar amnistiados todos los combatientes, indultados los Comandantes, ¡y sólo perseguidas y encarceladas estas personas! Nunca nos ocupamos de legislar con sabiduría, sin rencores ni fines políticos. ¿Cómo es que nunca se concedió amnistía para quienes se presentaran durante un lapso determinado?

El Poder Judicial no es capaz de darnos soluciones en estos temas; no lo es sin traicionar su naturaleza, procedimientos y funciones.

Es hora de estrechar filas, pero no sólo entre nosotros, sino con quienes quieren todavía ser nuestros enemigos.

Compadecer significa “padecer con”.  Y esto es lo que debemos empezar a practicar. Lo que estamos empezando a hacer.

Recuerdo las palabras del Obispo Desmond Tutu en Sudáfrica: “Por mucho que le pese al señor De Klerk, y por mucho que me pese a mí, ¡somos hermanos!”

Parafraseando a Joaquín Sabina, “para odiarnos, nos sobran los motivos”.  Veamos aquellas cosas que tenemos en común, aquello que nos pueda hacer trabajar por un futuro mejor para todos nosotros y nuestra descendencia.

Y es que estamos peleando una guerra vieja. Desactualizada.

Los combates terminaron hace 34 años. Las potencias mundiales que los impulsaron les dieron fin hace 24 y hace 12 que emprendieron otra, contra el terrorismo global.

América Latina tiene ante sí una guerra que debemos librar en forma urgente: la guerra contra la marginalidad. Millones de niños y adolescentes nacen y viven en riesgo, hacinados en medio de la promiscuidad en las grandes urbes de nuestros países, abusados, expuestos a toda clase de peligros, sin ejemplos, en zonas donde la sociedad no llega. Agua estancada donde sólo se reproducen los gérmenes de la ignorancia, la miseria, la droga y la violencia. A la vista de todos se extienden los barrios de emergencia a los que nos hemos acostumbrado como si fueran un paisaje natural, puesto allí desde siempre por el Creador. Están allí por nuestra falta de solidaridad, por nuestra falta de inteligencia, por nuestra falta de unidad, por nuestra falta de políticas que ataquen directamente los males concretos que sufrimos. Recuerdo al Padre Mujica en los años ‘60 en las puertas de La Rural, cuando la “Expo Confort”, con un cartel que decía: “Confort para pocos, hambre para muchos”. Si nos viera, y creo que lo está haciendo, si viera cómo se ha multiplicado por diez mil su Villa 31 y caídos los pobres a los abismos de la miseria… No hablo de la parodia que están haciendo ahora, porque ellos saben dónde está el camino, pero lo hacen como parodia. Hablo de toda una Nación al rescate de los más desposeídos.

¡Cómo me gustaría que nos diéramos la mano trabajando por los marginados! “Por encima de la tumba de los muertos”, como lo proponía Víctor Frankl.  Luchando esa guerra juntos, y no esta otra vieja, desactualizada y que nos tiene enfrentados.

Traicioné a mi padre que escribía cartas para que las enviara a la prensa.  Tenía miedo de que le revocaran la detención domiciliaria, de modo que le decía que las había mandado cuando en realidad nunca lo había hecho. A él le adjudicaron una frase que nunca pronunció y que se cansó de desmentirla desde que se publicó por primera vez. Quisiera compartir con ustedes una que sí escribió, y que me dejó a modo de despedida: “El odio –dijo- es un elemento demasiado frágil para sostener los cimientos de una Nación”. 

 

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