Institucional
En Buenos Aires, a 12 de agosto de 2009, Día de la Reconquista, los abogados que firmamos al pie de la presente nos reunimos en el Hotel “Lafayette”, ubicado en Reconquista 546, impulsados por la profunda consternación que nos causa el estado de inseguridad jurídica en que se encuentra la República, especialmente en lo que refiere a la administración de justicia, cuyos estrados parecen ser hoy la vía elegida por algunos sectores para mantener vivo y continuar de esta manera el enfrentamiento armado ocurrido hace ya cuarenta años.
En efecto, con estupor e indignación constatamos como los esfuerzos realizados entre los ’80 y los ’90 con las llamadas “leyes de punto final y obediencia debida” y con los posteriores indultos gubernamentales del gobierno peronista para poner fin a la cruenta guerra desatada en los años 70 a raíz del enfrentamiento entre bandas terroristas agresoras y las fuerzas militares que muchas veces actuaron defensivamente más allá de los cauces legales, son desbaratados, después de años de tranquilidad, por motivos ideológicos y de mero oportunismo político y venganza, convirtiendo a nuestros tribunales de justicia en un nuevo y formidable campo de batalla en el cual priman las violaciones sistemáticas del Derecho. Con auspicio de la fuerte presión ideológica de los últimos dos gobiernos se consigue forjar en dichos tribunales una visión asimétrica, falsa y unilateral de lo ocurrido en aquellos años, visión a través de la cual los agresores de entonces quedan transformados en “jóvenes idealistas” que sin culpa alguna de su parte fueron injustamente perseguidos por las fuerzas del Estado.
En los últimos cinco años se ha acentuado notoriamente el hostigamiento contra militares y policías con el objetivo inmediato de privarlos de su libertad a cualquier precio, anulando indultos y leyes del Congreso que habían sido homologados por la Corte Suprema, reabriendo procesos sin respeto por la elemental garantía de la cosa juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad que es base de nuestro orden jurídico, aplicando retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de gobierno, desconociendo la presunción de inocencia que tiene todo procesado, negando la detención domiciliaria a quienes en derecho les corresponde, excediendo los límites impuestos a la prisión preventiva por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su ley reglamentaria, y ejecutando un abanico de medidas persecutorias que sólo tienen por fin evidente distorsionar la realidad histórica, profundizar la discordia, destruir las fuerzas armadas de nuestro país y frustrar la necesaria unión nacional.
Esta gravísima distorsión de la verdad y del derecho se muestra hoy aún más palmaria cuando se pretende extender incluso a ex funcionarios civiles la responsabilidad por las presuntas extralimitaciones cometidas en el curso de aquella guerra. Vemos así como al convalidar la detención de un ex Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara del distrito ha llegado al extremo de sostener que la sola circunstancia de haber aceptado y desempeñado tal cargo es dato suficiente para involucrarlo en la ejecución de hechos en los que no tuvo ni pudo tener participación alguna.
Consideramos imprescindible que los jueces de la República abandonen pongan freno a este criterio revanchista e ideológico impulsado por los dos últimos gobiernos y retornando de una vez a la trascendental tarea que les incumbe de impartir justicia, apliquen los principios fundamentales de nuestro derecho, tal como en diversas sentencias lo ha puesto de manifiesto el juez de la Corte Suprema Dr. Fayt.
Y, por sobre ello, estimamos necesario que los hombres con responsabilidad política la asuman hoy para terminar de una vez por todas con este injusta persecución a los hombres que indudablemente, y con el apoyo de las fuerzas políticas de entonces, asumieron la defensa de la Nación cuando ésta era agredida.
Nosotros, hombres de Derecho, hemos coincidido en que no debemos permanecer indiferentes frente a esta situación, como tampoco quedarnos en el lamento o la crítica estériles. Por ello,
- porque creemos que lo que está ocurriendo implica exacerbar rencores y fomentar la discordia, con grave riesgo de tornar otra vez explícita la guerra interna en su peor versión,
- porque creemos que la justicia ha sido conculcada a través de aberraciones jurídicas, consumadas por quienes se suponía eran sus intérpretes,
- porque estamos convencidos de que la justicia ha sido sustituida por la venganza, con actos que exacerban rencores y fomentan la discordia,
hemos tomado la decisión de luchar por una nueva reconquista, esta vez de valores a los que nos resulta imposible renunciar.
Necesitamos llegar al Bicentenario con la Nación en paz, y para ello es preciso proceder con grandeza, levantando las banderas de la concordia y la reconciliación y haciendo nuestra la advertencia del Quijote: Quita, Sancho, y ponte en oración, porque voy a entrar en fiera y desigual batalla.